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La licitación pública se digitaliza

Tras más de un año en proceso de tramitación, la nueva Ley de Contratos del Sector Público ya está en vigor de manera definitiva y con ella comienza una nueva era para la contratación pública en España.
Sobre el papel, la nueva normativa para la contratación pública, heredera de las directrices europeas, nace con una vocación de transformación integral del proceso licitador en nuestro país, al perseguir una aclaración de las normas vigentes, aportar una mayor seguridad jurídica y conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto comunitarias como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las pymes, y de defensa de la competencia.

También, se celebra que la nueva Ley de Contratos del Sector Público persiga la simplificación de los trámites y la reducción de la burocracia para los licitadores. Novedades como que la ley obligue ahora a dividir en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento, los cambios en las condiciones de contratación pública con criterios de solvencia menos exigentesse sustituye como criterio de adjudicación “la oferta económica más ventajosa” por el criterio de “la mejora en relación con la calidad y el precio”– o el establecimiento de un modelo de adjudicación exprés, prevén permitir un mejor acceso a los concursos públicos para las pequeñas y medianas empresas, reduciendo las cargas administrativas de todos los operadores económicos y beneficiando así tanto a los licitadores como a los órganos de contratación.
Una estrategia supranacional y el reclamo casi unánime de todos los actores vinculados a la licitación pública por una mejora de las condiciones de contratación han sido los principales detonantes para la promulgación de esta nueva Ley de Contratos del Sector Público, una ley cuyos avances también obligan a todos estos operadores económicos a incorporar y normalizar el nuevo modus vivendi de la licitación pública en España: la contratación electrónica.

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Ley digital

La nueva Ley de Contratos del Sector Público pretende abanderar la transformación digital de las administraciones públicas y no solo a la hora de contratar. Los cambios introducidos establecen la obligatoriedad de la contratación electrónica para todos los agentes económicos vinculados a estos procesos, un nuevo modelo de licitación con el que se pretende garantizar la trazabilidad del proceso de adjudicación, aportar un mayor grado de transparencia y eficacia y reducir el gasto público como KPI más importantes.

La realidad es que la contratación pública en España dispone ahora de una legislación específica que le impone la necesidad de que todos los procesos de adquisición de obras, suministros y servicios se lleven a cabo a través de herramientas y plataformas electrónicas, lo que elimina el papeleo en toda la cadena burocrática y dota de mayor seguridad a la adjudicación.

¿Cuáles son los principales beneficios de la contratación electrónica?

Desde DoubleTrade, a través de Maninvest, servicio líder de información sobre Licitación Pública en España, se ha elaborado un meditado análisis sobre los beneficios que aporta la nueva regulación sobre contratación electrónica que incorpora la nueva Ley de Contratos del SectorPúblico y entre los que destacan:

 

 1. Cambio de mentalidad

En la actualidad, menos del 10% de las Administraciones contratan por vía telemática. Esta opción de mantenerse fieles a la contratación clásica se extingue con la nueva Ley de Contratos del Sector Público y supone el principal reto para adecuarse a los nuevos estándares de contratación.

Tanto funcionarios como empresas, independientemente de su tamaño o del sector de actividad al que pertenezcan, tienen la obligación de mudar de formato, un reto que supone una adaptación tanto del canal de contrataciones como de los órganos de contratación. La contratación electrónica se instala definitivamente en las fases de publicación, recepción de ofertas, adjudicación y comunicaciones con el órgano de contratación

2.Mejora de la transparencia y la accesibilidad

Entre los cambios más importantes que introduce la contratación pública electrónica y que permite avanzar en uno de los principales objetivos que persigue la nueva Ley de Contatos del Sector Público se encuentra la capacidad para dotar de mayor transparencia a las licitaciones.

En líneas generales, la opacidad en la contratación pública en España ha sido siempre una lacra que según la CNMC equivale a 48.000 millones de euros al año. Para combatirlo, las modificaciones que incluye la Ley de Contratos del Sector Público en torno a la contratación electrónica suponen un ejercicio de concurrencia y adjudicación de los procedimientos más limpio y justo.

El mayor garantismo proviene de la trazabilidad que permite el proceso de contratación mediante plataforma electrónica en comparación con el realizado en papel y que permite que todos los pasos queden registrados y no sean manipulados. Puesto que el proceso de contratación es más abierto, se encuentra mejor documentado y es objeto de una mayor divulgación.

En esta línea, la contratación electrónica puede mejorar el acceso de las empresas a la contratación pública gracias a la automatización y centralización del flujo de información sobre las oportunidades de licitación concretas. Este proceso beneficia especialmente a las pymes que disponen ahora de procesos y procedimientos más agiles, aunque tanto estas como las grandes corporaciones precisarán de soporte, formación y seguimiento para adecuarse a las nuevas reglas de juego.

3 Incremento de la concurrencia competitiva

 

Surge como consecuencia directa de la mejora de la transparencia y accesibilidad. La nueva Ley de Contratos del Sector Público avanza en el seguimiento y eficiencia global de la contratación pública. Las modificaciones en la normativa y los nuevos métodos de contratación conducen a la apertura de mercados y ofrecen una mayor competencia debido al incremento del número de licitadores en competición. Además, las restricciones al uso de procedimientos sin publicidad también prometen un impacto positivo sobre la concurrencia de empresas a los procesos licitadores. No hay que olvidar que España se encuentra en los primeros puestos de países con mayores ratios de procedimientos negociados sin publicidad en comparación con el resto de Estados miembro, o lo que es lo mismo, una menor competencia y adjudicación directa.

Una de las herramientas básicas que pone a disposición de los operadores económicos la nueva Ley de Contratos del Sector Público y para la que se prevé un mayor impacto sobre el incremento de la competencia en cada adjudicación es la subasta electrónica. A efectos de adjudicación de contratos la nueva Ley de Contratos del Sector Público permite la celebración de subastas electrónicas. Estas subastas se pueden realizar tras una primera evaluación completa de las ofertas y busca la presentación de mejoras en aspectos como el precio o elementos concretos para cada proyecto.

La subasta electrónica podrá emplearse en procedimientos abiertos, en los restringidos y en las licitaciones negociadas, siempre que las especificaciones del contrato a adjudicar se acojan con precisión en los pliegos que rigen la licitación y que las prestaciones objetadas no tengas un carácter intelectual (servicios de consultoría o ingeniería, por ejemplo). De esta manera, se avanza en la real inclusión de un mayor número de empresas, sobre todo las de menor tamaño, en cada proceso de adjudicación.

4.Mejora de la eficiencia y ahorro de costes

 

El uso de medios electrónicos por parte de los departamentos de contratación permite la centralización de las tareas administrativas de contratación más costosas, pero al mismo tiempo más rutinarias y repetitivas.

La nueva Ley de Contratos del Sector Público favorece que los operadores económicos vinculados a la licitación pública sean capaces de establecer economías de escala con las que poder replicar automáticamente cualquier tipo de proceso dentro del procedimiento de contratación pública, lo que implica un importante ahorro de costes.

Del mismo modo, este tipo de plataformas ofrece a los licitadores, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, una herramienta de comunicación y gestión directa con las Administraciones Públicas, herramienta que en última instancia les permite una automatización de los procesos y su consiguiente reducción de costes en cada uno de los procedimientos a los que se presenten.



Más ventajas que inconvenientes

 

La incorporación de la contratación electrónica en la nueva Ley de Contratos del Sector Público supone un avance real para adecuar la contratación pública a los estándares de calidad que promueven desde Europa y que en otros países se encuentra más extendido. Queda por ver ahora, de qué forma se establecerá en España las plataformas para la prestación de estos servicios.

José Luis Arístegui, experto en contratación electrónica, mencionaba en diferentes medios de comunicación que países como Portugal, Alemania, Reino Unido o Italia son algunos de los más avanzados en materia de contratación electrónica y todos comparten que no utilizan plataformas públicas sino que son diversos operadores privados los que suministran las herramientas electrónicas para la gestión de las adjudicaciones, existiendo un único portal gubernamental donde estas plataformas están obligadas a enviar los anuncios y resultados de los concursos. Por su parte, otros países como Estonia o Croacia sí que operan con plataformas totalmente públicas, aunque con el matiz de que en estos territorios el número de administraciones es más limitado.

En cualquier caso, con la contratación electrónica de la nueva de Ley de Contratos del Sector Público se marca un antes y un después en el marco jurídico y operativo de la contratación pública en España. El viraje a lo tecnológico garantizará una mayor transparencia y eficiencia en los procesos, con herramientas efectivas de control legal, institucional y social, también permitirá una mayor concurrencia competitiva de las empresas y un mejor acceso para las de menor tamaño.

Si bien las medidas no son suficientes para erradicar la corrupción y las malas prácticas de una tacada, lo cierto es que la contratación electrónica mejorará la trazabilidad y seguridad de cada concurso, un reclamo histórico que se convierte en realidad.

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