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¿Quién gana con la nueva Ley de Contratos del Sector Público?

La nueva Ley de Contratos del Sector Público, publicada en el BOE el pasado 8 de noviembre y que se hará efectiva a partir delmes de marzo, ha transformado por completo el tablero de juego de la licitación pública en España. Esta nueva Ley de Contratos del Sector Público incorpora a nuestro ordenamiento jurídico nuevas reglas que modifican abiertamente la realidad licitadora en nuestro país con cambios importantes en los criterios de adjudicación, de solvencia y permitiendo la entrada en escena de nuevos players.

Desde DoubleTrade, a través de Maninvest, servicio líder de información sobre Licitación Pública en España, se ha elaborado un meditado análisis de las novedades que trae consigo esta nueva Ley de Contratos del Sector Público. El trabajo, que se desgranará consecutivamente en una serie de artículos, diseña un mapa conceptual del nuevo marco de actividad en el que se desarrolla la Licitación Pública en España a partir de ahora, y nos permite seguir sirviendo a los intereses de información sobre oportunidades de contratación pública de todos los agentes económicos implicados.

Antes de profundizar en los aspectos del articulado en la reforma de la contratación pública española surgen una serie de preguntas:

1-¿Por qué es tan importante la regulación de la Licitación Pública?

A tenor de los datos, el sector de la Licitación Pública resulta ser una disciplina de máxima actualidad no sólo por ser un derecho con una clara tendencia al cambio y muy influido por la regulación comunitaria (como es el caso de la OCDE, UNCITRAL -en el ámbito de la ONU- o, especialmente de la Unión Europea), sino por tratarse de un sector con una gran incidencia en el diseño, implantación y desarrollo de las políticas públicas de los Estados.

No se puede olvidar que el Sector de la Licitación Pública en España es capaz de generar grandes flujos económicos por su actividad público-privada, entre Administración (ya sea Estatal, Autonómica o Local) y adjudicatarios o prestatarios del servicio público en cuestión (empresas privadas que se han sometido al correspondiente y oportuno procedimiento de concurrencia competitiva). Se calcula que alrededor del 20% del PIB en nuestro país lo generan los proyectos de contratación pública, lo que pone de manifiesto la incidencia que la modificación o reestructuración de la Ley de Contratos del Sector Público pueda tener en la economía.

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2-¿Dónde nace la nueva Ley de Contratos del Sector Público?

Para entender el contexto y objeto de esta nueva Ley de Contratos del Sector Público es necesario no perder de vista las directrices que se envían desde Bruselas. La influencia de la regulación comunitaria que se menciona anteriormente fuerza un panorama legislativo que tenga en cuenta la denominada Estrategia Europa 2020 de la UE y por la cual, la contratación pública desempeña un papel esencial como instrumento que asegure un crecimiento inteligente, sostenible e integrador del mercado interior de los Países miembro, garantizando, al mismo tiempo, un uso racional de los fondos públicos.

Bajo esta premisa, la UE aprobó en 2014 tres nuevas Directivas comunitarias: una sobre contratación pública: otra relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y otra más, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, la más novedosa de estas directrices al no contar con precedentes en el seno de la Unión Europea.

Estas tres nuevas Directivas dieron por concluido el proceso de revisión y modernización de las normas sobre contratación pública en la Unión Europea y depositó en el tejado de los Estados miembro la pelota de la actualización de sus políticas de contratación pública, políticas que deben tomar en consideración las estrategias de Bruselas y reflejar el incremento de los ratios de eficiencia del gasto público o la participación de las pequeñas y medianas empresas en procesos de licitación pública, entre otras consideraciones.

3-¿Cuáles son los objetivos de la nueva Ley de Contratos del Sector Público?

En España, el camino marcado por la UE comenzó a andarse hace más de un año, pero no fue hasta el pasado mes de julio cuando se aprobó definitivamente la nueva Ley de Contratos del Sector Público. La participación activa de todos los grupos parlamentarios, sus consiguientes comisiones y el elevado número de enmiendas que se registraron sobre el nuevo texto, retrasó su publicación en el BOE hasta noviembre y ha pospuesto su completa entrada en vigor hasta el próximo mes de marzo.

Junto a la necesidad de incorporar las nuevas reglas europeas de contratación pública, la nueva Ley de Contratos del Sector Público en España tiene dos grandes objetivos: por un lado, conseguir una mejor relación calidad-precio en los contratos entre Administraciones y adjudicatarios y por otro, asegurar una mayor transparencia en todos esos procesos de Licitación Pública.

La idea que planea es la de mejorar un sistema de contratación pública para que sea más eficiente, transparente e íntegro, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, tanto a través de la satisfacción de las necesidades de los órganos de contratación, como mediante una mejora de las condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores económicos, y, por supuesto, a través de la prestación de mejores servicios a los usuarios de los mismos.

Así, todas las nuevas normas introducidas en esta Ley de Contratos del Sector Público persiguen aclarar las normas vigentes, aportar mayor seguridad jurídica y conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las pymes, y de defensa de la competencia.

Sobre el papel la nueva Ley de Contratos del Sector Público establece, por primera vez, la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios junto a la inclusión de los mencionados aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

Otro factor clave es la simplificación de los trámites: una menor burocracia para los licitadores que permita un mejor acceso para las pequeñas y medianas empresas y que el proceso de licitación resulte más simple, reduciendo las cargas administrativas de todos los operadores económicos, y beneficiando tanto a los licitadores como a los órganos de contratación.

A modo de resumen, la nueva normativa trata de:

– Facilitar el acceso a los contratos del sector público.

– Mejorar la eficiencia y calidad en los criterios de adjudicación.

– Permitir un mayor acceso a la información y transparencia en la contratación.

– Incluir criterios para una nueva gobernanza.

 

Para ello, destacan novedades como que la ley obliga ahora a dividir en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento. También cambian las condiciones de contratación pública con criterios de solvencia menos exigentes, se sustituye como criterio de adjudicación “la oferta económica más ventajosa” por el criterio de ., se intenta poner coto a la morosidad en los pagos o se establece un modelo de adjudicación exprés que reduzca la burocracia, entre otras medidas que se irán avanzando en los consecutivos posts.

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De todo ello se desprende que la nueva Ley de Contratos del Sector Público supone una importante transformación para el tejido empresarial español que puede tener especial impacto en las pymes. No hay que olvidar que, en el último año, el 68% de las empresas adjudicatarias en España han sido pymes con menos de cincuenta trabajadores, según estimaciones de DoubleTrade. La participación de estas compañías en las licitaciones públicas bien podría y debería ir en aumento en el próximo ejercicio a juzgar por las mejoras introducidas en la nueva ley por lo que los beneficios no solo serán para aquellas compañías que accedan a los concursos, sino también para sus proveedores y prestadores de servicios.

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