Licitaciones y contratos públicos

Límites a la modificación de un contrato impuesta por la Administración

¿Cuáles son los límites a la modificación de un contrato impuesta por la Administración?

El principio de inmutabilidad de los contratos, tanto en el sector público como en el sector privado, supone que un cambio de circunstancias que alteren las condiciones de cumplimiento de cualquier contrato, determinan la posibilidad de extinción del mismo. Sin embargo, en los contratos que celebra la Administración, existe siempre un interés público, al que el contrato pretende dar cumplimiento. Por este motivo, la Administración podrá modificar unilateralmente los términos de las obligaciones, eso sí, sometida a unas causas y un procedimiento que la legislación de contratos detalla. Esta regulación legal ha sido tradicionalmente completada con los pronunciamientos en la materia de los juzgados y tribunales españoles.

A modo de ejemplo, la actual LCSP ha eliminado la posibilidad que tenían las Administraciones de modificar un contrato por necesidades nuevas, manteniendo el reconocimiento legal como causa de modificación solamente las necesidades imprevistas. La diferencia entre una y otra clase de necesidad debe encontrarse en el ámbito en el que se originan: las necesidades nuevas nacen de elementos externos o ajenos a la ejecución del contrato (ejemplo: la crisis económica), mientras que las necesidades imprevistas (las que verdaderamente tienen un amparo legal como causa de modificación) son aquellas que nacen de la propia ejecución del contrato (ejemplo: una previsión en los pliegos de materiales que son insuficientes para finalizar la obra).

 

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